En todas partes  ha surgido la imperiosa necesidad de un pacto educativo. Hay quien dice que esta necesidad es fruto de la creación político-mediática de un consenso inducido que ha conseguido que en todos los foros de opinión se cuele el debate acerca de la necesidad de un pacto como solución a todos los males que aquejan al sistema educativo.

El colectivo Baltasar Gracián dice que “se entiende que, por parte del gobierno, exista un claro interés en tomar iniciativas que alejen la sospecha de pasividad ante los problemas acumulados y, de paso, intente ‘socializar’ la responsabilidad para salir del atolladero. Para la oposición de derechas, la ocasión la pintan calva para insistir en la nefasta gestión del gobierno en cada uno de los temas abiertos y exigir, de cara a cualquier posible pacto, medidas que lo acerquen a su terreno, sin hurtarle al actual ejecutivo el consiguiente desgaste político. Pero, por encima de las maniobras de corto alcance, todos ellos saben que sin el apoyo de las organizaciones sociales les será muy difícil endosar las medidas anunciadas. De ahí la unanimidad en tocar a rebato, en generar una sensación de urgencia que una a tirios y troyanos bajo la invocación patriótica de la necesidad de que ‘todos’ arrimemos el hombro”.

El Ministerio de Educación presentó, a finales de febrero, un documento con 137 propuestas que pretenden centrar el debate para lograr un Pacto político y social por la Educación.

El pacto educativo es especialmente atractivo para los políticos debido a sus efectos a largo plazo que siempre son menos comprometidos que en otros pactos. El problema es que, desde la redacción de la Constitución y en las diversas leyes orgánicas educativas, las claves de las tensiones han girado en torno a unos pocos núcleos: lo público, la financiación, la presencia de la iglesia y del concordato y la cohesión social del sistema. Y en estos temas el PP no está dispuesta a ceder.

Por ello, el proceso para alcanzar un Pacto Educativo está más abocado a hacer aún mayores concesiones a la derecha político-social, y a los propietarios de centros concertados (especialmente a la Iglesia Católica), que a mejorar y potenciar el sistema educativo público de nuestro país. A pesar de incorporar al proceso a partidos políticos, organizaciones del ámbito educativo, agentes sociales y Comunidades Autónomas, todo parece indicar que para el MEC sólo habrá Pacto educativo si el PP lo suscribe.

El pacto que quiere el PP es una vuelta al modelo educativo basado en la continua superación de pruebas y exámenes, como si de una carrera de obstáculos se tratara; una educación regida en su mayor parte por grupos económicos y religiosos que recuperen la vieja disciplina y seleccionen a una élite reducida para el acceso a una educación superior, supeditada a los intereses del mercado. Exigen garantizar la “libre elección de centro” a base de ampliar todavía más los conciertos, que pasarían a ser un “derecho” de los centros privados; garantizar también la “lengua y cultura comunes” en todo el Estado, dando por supuesto que está amenazada; separar al alumnado de ESO cuanto antes para que sólo los “excelentes” vayan a bachillerato; establecer pruebas de nivel al finalizar Primaria y Secundaria “a efectos de comparación”, con el fin de clasificar centros y alumnado; establecer por decreto la autoridad pública de los docentes…

En la propuesta ministerial brilla por su ausencia toda referencia a la educación pública como primera obligación de las administraciones educativas. Se renuncia a hacer del servicio público de educación, de titularidad y gestión pública, el centro del sistema educativo; reforzando el modelo privado concertado existente, al tratarlo como parte del denominado «Servicio Público de Educación». Se equipara así la escuela privada concertada, mayoritariamente confesional y selectiva, con la de titularidad pública, lo que significa un retroceso en la defensa del modelo público como “eje vertebrador del sistema educativo español”, que debería ser un objetivo irrenunciable para un gran acuerdo en materia de educación, como se reclama en el último informe del Consejo Escolar del Estado.

En resumen, el pacto será posible si recoge las aspiraciones de la derecha política y social en cuanto a abrir más puertas a la privatización de lo público. Más conciertos, más subvenciones y utilización del espacio público para fines privados. Los temas del compromiso de financiación del sistema en relación a la media europea del gasto educativo, la autonomía de los centros y el desbloqueo del estatuto docente se redactan en términos deliberadamente ambiguos que luego permitirán un elenco de interpretaciones.

Aquello de la escuela pública al servicio de la equidad y la compensación de desigualdades, de la atención a la diversidad, de la participación democrática como principio básico, de la transversalidad, de la comprensividad…, se han convertido en estandartes que pueden guardarse para otro momento. La aspiración a una educación pública de calidad en condiciones de igualdad queda relegada al baúl de los recuerdos en este pacto educativo.

IU manifiesta su clara voluntad de contribuir al logro de un gran acuerdo en materia educativa, siempre y cuando dicho pacto recoja un decálogo de principios irrenunciables, que se concretan en 100 propuestas para una educación pública, laica, democrática y de calidad para todas y todos con el fin de mejorar la enseñanza pública y el sistema educativo, mejorar la formación y condiciones de trabajo de los profesionales de la educación, así como el fomento de la autonomía de los centros educativos y la participación democrática de todos los sectores de la comunidad escolar.

(Basado en un artículo de Loles Dolz, Catedrática de Filosofía del IES “Leonardo da Vinci” de Majadahonda, y Enrique Díez, Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, publicado en la web www.Rebelion.org)